Apremiante, consolidar la inversión en agua

oomapasc.gob.mx

Ramón Aguirre Díaz. Consultor especialista en agua y saneamiento.


Es evidente que en México el modelo de organismos con tarifas bajas y complemento con subsidio éste siempre insuficiente no ha sido el mejor, y un cambio de modelo de gestión es cada vez más apremiante. Es necesario que una ley que reglamente el derecho humano al agua establecido en el artículo 4° constitucional sea un fuerte apoyo para cambiar la forma en que funcionan los organismos encargados de la prestación de los servicios fundamentales de agua potable y saneamiento.

 

Fue en 1983 cuando se realizó la gran reforma para la descentralización de diversos servicios hacia los municipios con la idea de fortalecerlos, pero sobre todo por la existencia de un modelo centralista insostenible en el que las decisiones que se tomaban en la esfera federal eran costosas, inoportunas e ineficientes.

Se trató de un cambio importante, una transmisión de facultades con el criterio de que “la carga va a hacer andar al burro”. Aunque era claro que los municipios no estaban preparados para esa transmisión de responsabilidades, se consideró que poco a poco se podrían generar las capacidades necesarias. La realidad es que la idea de asignar muchas de las responsabilidades a los gobiernos estatales en primera instancia podría haber sido una mejor etapa intermedia, para después evaluar la conveniencia y factibilidad real de alcanzar un modelo exitoso de descentralización de la vida nacional.

 

Balance del modelo municipal

Después de más de tres décadas, está claro que el modelo municipal no ha dado buenos resultados en muchos renglones; uno de ellos es la seguridad pública, donde es evidente que los policías municipales no tienen la capacidad, el equipamiento, la organización ni el adiestramiento que se requieren para proteger a los ciudadanos.

En el caso del agua potable, la experiencia nacional muestra que en la esfera municipal tampoco se ha trabajado de forma satisfactoria. Se trata de un subsector que requiere la visión y el sostenimiento de programas y acciones en el largo plazo, pues el avance que se puede alcanzar en uno o dos trienios se esfuma en unos cuantos meses de mala administración con el cambio de autoridades.

La continuidad de acciones, tan necesaria en este subsector, es incompatible con el modelo cortoplacista de la política municipal mexicana. Difícilmente se pueden resolver los problemas relacionados con los servicios de agua potable con decisiones y acciones improvisadas, que carecen de la profundidad y el alcance necesarios. Esto lleva a que el modelo de gestión del sector agua en México tenga enormes ineficiencias, las cuales se traducen en que los servicios de calidad sean una excepción. Los organismos operadores se encuentran descapitalizados y en la mayoría de los casos no pueden cubrir los costos operativos. Los sectores más pobres de la sociedad pagan más por el agua y son los que reciben la peor calidad de los servicios hidráulicos en las ciudades.

 

Necesidades crecientes y recortes presupuestales

Los ingresos propios de la gran mayoría de los organismos operadores no les permiten cubrir adecuadamente sus costos operativos, y resulta imposible invertir en la mejora de los sistemas. Las inversiones en el agua no sólo deben atender las necesidades de mejorar y ampliar los servicios; también se debe ir reponiendo una infraestructura cuya vida útil es limitada, y cuyo mal funcionamiento se traduce en fugas o problemas de hundimientos y socavones. Cuando un organismo operador no funciona bien, además de que se dejan de resolver los problemas inmediatos, el consecuente deterioro de equipamiento e infraestructura que no se repone ni se mantiene lleva a una inevitable crisis en el servicio.

Hasta el año 2016, el monto canalizado al agua en los programas federales de apoyo a la infraestructura –que requerían una contraparte estatal o local– permitía no resolver a fondo, pero sí al menos atender lo más urgente. El recorte presupuestal de 70% a los programas federales para el apoyo a la infraestrucutra hidráulica, vigente desde 2017, ha venido a complicar aun más la muy problemática situación del sector.

Ante el desinterés de invertir en el agua porque los recursos no “lucen” con fines políticos y electorales, la solución que se ha logrado alcanzar en muchos países con niveles de desarrollo similar o menor al de México ha sido la autosuficiencia operativa y financiera, con un modelo de gestión en el que los organismos son eficientes, dan servicios de excelencia y generan los recursos necesarios no sólo para la operación, sino incluso para la inversión, sin depender de subsidios gubernamentales (que, ya sabemos, no llegan en cantidades suficientes).

Un caso de excepción es el de la Ciudad de México, donde la nueva administración ha clasificado el del agua como un asunto de la máxima prioridad, y esto no sólo en el discurso, sino que efectivamente se han duplicado los presupuestos de inversión para con ello permitir avanzar hacia soluciones de equipamiento, ampliación y modernización de la infraestructura, que son indispensables para alcanzar los servicios de calidad que se demandan sobre todo en la zona oriente. Pero el caso plausible de la Ciudad de México no se observa en el resto de las entidades del país, con lo que el deterioro de la calidad de los servicios en el plano nacional se está dando de manera acelerada.

Es evidente que en México el modelo de organismos con tarifas bajas y complemento con un subsidio insuficiente no ha sido el mejor, y un cambio de modelo de gestión es cada vez más apremiante. Es necesario que una ley que reglamente el derecho humano al agua establecido en el artículo 4° constitucional sea un fuerte apoyo para cambiar la forma en que funcionan los organismos encargados de la prestación de los servicios fundamentales de agua potable y saneamiento.

Sin embargo, aun si se lograrse migrar a un modelo mejor que el actual, hará falta al menos una década para obtener buenos resultados, suponiendo que el modelo sea el adecuado y que se aplique con base en un programa de acciones planificado.

El recorte de más de 70% impuesto al agua ha sido una acción irresponsable. A finales de 2016 y durante 2017, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento sostuvo diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con legisladores, sin lograr revertir una decisión que se ha mantenido hasta el presente. En este 2019 fue posible alcanzar un ligero incremento, que a principios de mayo fue recortado. Es indispensable canalizar mayores recursos al subsidio del sector agua y recuperar lo recortado al presupuesto, pues las consecuencias negativas irán en aumento. Pero ¿cómo hacerlo si los presupuestos ya están distribuidos y las necesidades son tantas?

¿Qué hacer?

No se puede regresar al modelo de centralizar las decisiones en el ámbito federal, y tampoco está claro que llevarlo a la esfera estatal sea lo más conveniente, aunque es una realidad que los organismos bajo la tutela estatal han funcionado mejor en nuestro país, por la simple continuidad que permiten los periodos de seis años. No obstante, la experiencia indica también que cuando existe una activa participación, control y supervisión de la sociedad organizada (el organismo operador de la ciudad de León es un caso relevante), se puede lograr una eficiencia sostenida y una visión con plazos más allá de la gestión municipal, con las ventajas ya comentadas. Pero en caso de que se logre un mejor modelo de gestión, el tiempo necesario para consolidarlo y obtener resultados obliga a reintegrar el nivel de subsidios que se tenía antes.

En el presupuesto federal 2019 está la partida del ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y sus municipios”, la cual alcanza los 911,817 millones de pesos, y la del ramo 33, que alcanza los 213,485 millones de pesos para los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con cargo a los cuales es posible invertir en infraestructura hidráulica. Sin embargo, estos recursos de los ramos 28 y 33 casi no se destinan a proyectos de agua, ya que para los políticos no tiene interés invertir en un sector donde los trabajos están bajo tierra y no lucen.

Si tan sólo se destinara un 5% de esos fondos, se contaría con 56,265 millones de pesos para invertir en el agua y se colocaría al país en una circunstancia de menor incertidumbre ante el riesgo de que los servicios colapsen.

Una opción razonable es que el incremento inflacionario que cada año se aplica a estos recursos se canalice a un nuevo fondo para el agua dentro del ramo 33, con lo cual no se tiene que recortar ningún presupuesto, sólo crear un fondo indispensable para la calidad de vida y el alcance del derecho humano de los mexicanos.

Se trata de un asunto prioritario que debemos impulsar por todos los medios, ya que es urgente que en 2020 se tengan más recursos. De esto depende el funcionamiento de un subsector clave para la salud y la calidad de vida de los mexicanos.