Derecho, abuso y costo del agua

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Ramón Aguirre Díaz. Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Existen planes y programas técnicos para poder garantizar un servicio en cantidad y calidad adecuadas, pero no existen los recursos económicos indispensables. Esto, necesariamente, nos conduce a una crisis hídrica que llegará más temprano que tarde de no modificarse la política del sector, y el costo de resolverla será aun mayor que el de garantizar los recursos hoy.

 

El tema del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de México es complejo. En todas las ciudades del mundo tal servicio tiene muy altos costos. En nuestro país, las tarifas son muy bajas comparadas con las del resto del mundo, y en la Ciudad de México son más bajas aun con respecto al promedio nacional de las ciudades importantes. Para poder realizar las inversiones necesarias en infraestructura y equipamiento, lo que no se cubre con tarifas debería, necesariamente, cubrirse con subsidios por parte de los gobiernos federal, estatal o municipal.

 

Los datos de la crisis

En el Sacmex hemos realizado estudios para encontrar la manera de resolver el problema del servicio a la población, y no sólo es un tema de agua potable sino también de drenaje y saneamiento; el deterioro de las redes de aguas da lugar a fugas, y el deterioro en las redes de drenaje termina provocando encharcamientos, inundaciones y socavones. El caso del socavón en la intersección de las calles Humboldt y Cristóbal Colón, cerca de la esquina de la avenida Juárez y Reforma, fue muy relevante, y hace unos años, de acuerdo con estudios que se hicieron para la ampliación de la línea 12 del metro, se descubrió otro socavón formándose en Observatorio.

En el suroeste de la Ciudad de México, donde hay basaltos, el suelo se presta para que las fugas permeen al acuífero, pero en el resto de la ciudad las fugas se dan principalmente en un suelo de arcillas. Se estima que por lo menos 70% de lo que se pierde no se va al acuífero sino que se evapora en el ambiente o se va al drenaje y es agua que no se recupera. Si pudiéramos recuperar esa agua podríamos dársela a la gente que hoy carece de ella; es más, si tuviéramos una red eficiente, nos sobraría agua.

Al mismo tiempo hay que tener presente que el acuífero posee un volumen que se ha almacenado durante siglos, y debe evitarse su agotamiento prematuro. Cada año se sacan del acuífero 1.7 veces el embalse de la presa de Valle de Bravo, como extracción adicional a la recarga del acuífero; entonces, cuando uno piensa en 1.7 veces de ese mar que es la presa de Valle de Bravo, cabe la reflexión: ¿cuánto almacenamiento tendrá el acuífero para aguantar el nivel actual de extracción? En algún momento va a acabarse… ¿40, 50, 70 años? No debemos condenar a la Ciudad de México a ser inhabitable dentro de 70 años.

Está claro que la crisis de agua no se va a dar en 2019 o en el corto plazo siempre y cuando llueva en la cuenca del Cutzamala. Tenemos almacenamiento para poco más de un año; en la medida en que llueve, existe manera de abastecer, y si no lloviera en un año se generaría una crisis de desabasto en el siguiente.

Ya padecimos el problema de la sequía de los años 2009 y 2010, pero ahora las condiciones son mucho más difíciles, porque son ocho o siete años de deterioro adicional de las tuberías, con redes menos eficientes de las que teníamos entonces, y cada vez es más complicado el abastecimiento de todas las zonas y sectores de la ciudad.

Resulta imprescindible darle mayor prioridad al sector hídrico de la Ciudad de México. Se requiere un programa de acciones sustantivo que elabore el Sacmex y que cuente con la validación de un consejo integrado por académicos y expertos de reconocida trayectoria de cada una de las especialidades involucradas en el sector agua. Se plantea en la Asamblea un plan obligatorio a financiar durante por lo menos 25 años.

 

Sin lo mínimo necesario

Según estimaciones del plan elaborado por el Sacmex, para atender adecuadamente las acciones relacionadas con un servicio sostenible y sustentable de agua y saneamiento de la Ciudad de México se requiere invertir de manera sostenida 5,500 millones de pesos al año durante 50 años. Debe existir un compromiso por parte de las autoridades para destinar los recursos necesarios que garanticen las inversiones también necesarias. Planes y programas no han faltado, lo que ha faltado son los recursos para hacerlos realidad. No se ha querido establecer tarifas acordes con los costos del servicio, pero al mismo tiempo tampoco se entregan los subsidios que cubran ese déficit.

En síntesis, hay planes y programas técnicos para poder garantizar un servicio de calidad, pero no existen los recursos económicos indispensables para ponerlos en práctica. Esto, necesariamente, nos conduce a una crisis hídrica que llegará más temprano que tarde de no modificarse la política del sector, y el costo de resolverla será aun mayor que el de garantizar los recursos hoy.

Ahora bien, la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que aún no se promulga, establecería que las tarifas sean definidas por la Junta de Gobierno –en realidad, para efectos prácticos, la decisión debería ser avalada por el jefe de Gobierno, ya que la junta está integrada por secretarios de su gabinete–. Cuando la ley se presentó en la Asamblea, los diputados decidieron modificarla para que la propia Asamblea continuase determinando las tarifas –ya que a decir de algunos diputados, son ellos los que tienen la “sensibilidad política”–; el tema está sin resolverse, pues la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que las juntas de gobierno son las que, indelegablemente, deben definir las tarifas.

 

Red eficiente y consumo razonable

La Ciudad de México cuenta con más agua de la que necesitaría si tuviera una red eficiente y un consumo razonable por parte de los usuarios. El plan que preparamos en el Sacmex considera que la Ciudad de México debe abastecerse con 26 mil litros por segundo, mientras que en la actualidad se abastece con 33 mil, así que el plan contempla reducir las fugas en un 50% y disminuir el consumo de los usuarios en un 30%, ambos objetivos totalmente factibles.

Nos planteamos la necesidad de traer agua de fuera del Valle de México, pero con el propósito de equilibrar las extracciones del acuífero y de evitar la sobreexplotación, y también consideramos inyectar agua residual potabilizada.

Un serio problema que enfrentamos no es de orden técnico, ingenieril; es de orden político y cultural. Me refiero a la forma en que se valoriza el insumo agua: el acceso al agua potable es un derecho humano que el Estado debe garantizar, sin lugar a dudas, ¿pero qué cantidad de agua y para cuáles usos? Para el aseo personal, de la casa y de la ropa, por ejemplo, y debe considerarse también cuánta agua es indispensable para cada caso, porque, digamos, es posible higienizarse estando cinco minutos bajo la ducha o se pueden pasar 20 minutos bajo ella por puro gusto. Hay estándares internacionalmente reconocidos que deben tomarse en cuenta, tales como la cantidad razonable que es parte del derecho humano y los excesos, que deben tener un precio adicional.

Hasta aquí el derecho humano que debe respetarse. ¿Pero qué pasa si quieres regar tu jardín, lavar tu auto o llenar tu jacuzzi o alberca? ¿Son estos usos parte del derecho humano al agua? La lógica más elemental indica que no. En estos casos debería también considerarse su cobro a precios no subsidiados, porque no resulta justo ni equitativo que alguien que le dé al agua estos destinos pague lo mismo que quien la usa racionalmente para los usos que son un derecho humano inalienable, que debe respetarse y garantizarse.

Las tarifas tienen que ser acordes al tipo de uso y considerar las posibilidades de los usuarios. Existe un criterio internacionalmente aceptado de que el costo de los servicios de agua debe representar 3% de los ingresos familiares con base en un uso racional. Si la autoridad resuelve que las tarifas deben ser menores, tiene que contemplar de manera complementaria los subsidios, para que la suma de ingresos por tarifas y subsidios garantice las inversiones necesarias para alcanzar la calidad del servicio.

 

Agua y política

Un punto central, a mi juicio, es que la autoridad responsable de tomar decisiones en materia de tarifas y subsidios lo haga con base en un completo y claro conocimiento de todos los factores que intervienen, y no sólo con motivo de intereses políticos, partidistas y electorales.

El servicio de agua y saneamiento es un tema central en muchas ciudades importantes de diversos países. En una ocasión le pregunté a un amigo, entonces director del organismo operador de servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, cómo le había ido durante las campañas electorales recientes en su ciudad con los planteamientos de los candidatos sobre el servicio de agua y saneamiento. Él no entendía de qué le hablaba, porque en Bogotá el servicio de agua y saneamiento está resuelto y no es un tema de campañas electorales.

La ley tiene algo que habría que procurar para la ciudad a futuro: considera contar con un plan de por lo menos 25 años que resuelva el problema. El que se hizo en el Sacmex es de 50 años, a manera de que se requieran inversiones de 5,500 millones al año, una cifra mucho más manejable pero que implica duplicar lo que se ha destinado en las últimas décadas.

Este es sólo un ejemplo por el cual yo me pregunto: ¿por qué batallamos tanto en México con este asunto? ¿Por qué no estudiamos cómo han resuelto este problema en otras ciudades importantes del mundo y, considerando las particularidades de nuestras ciudades, en este caso de la Ciudad de México, aplicamos las soluciones adecuadas?

Los organismos reguladores autorizan las tarifas que presenta el organismo operador, las cuales deben estar sustentadas en estudios y programas de acción que amparen los precios con base en los costos justificados para mantenimiento, construcción de infraestructura… El organismo regulador se encarga de auditar los estudios y programas, así como el efectivo cumplimiento de las acciones comprometidas en el programa de trabajo. Es el organismo operador del sistema de agua y saneamiento el que planea, el que diseña.

 

La indispensable planeación

Concluyo hablando sobre la Ley de Sustentabilidad Hídrica. ¿Qué es lo que tiene? La ley tiene algo que habría que procurar para la ciudad a futuro: considera contar con un plan de por lo menos 25 años que resuelva el problema. El que nosotros hicimos en el Sacmex es de 50 años, a manera de que se requieran inversiones de 5,500 millones al año, una cifra mucho más manejable pero que implica duplicar lo que se ha destinado en las últimas décadas.

El plan que elaboramos considera una inversión necesaria de 256,000 millones de pesos; es mucho dinero, pero el producto interno bruto de la Ciudad de México es de 2 billones de pesos al año; más vale que de éstos se inviertan los 5,500 millones, porque sin agua no va a haber ciudad.

La propuesta es que se tenga un plan, que ese plan lo elabore el Sacmex pero que lo sancione un consejo técnico asesor en el que participen especialistas y la academia, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Mexicana de Hidráulica, que lo corrijan y finalmente se apruebe. Un plan que tenga indicadores para evaluar cómo vamos y verificar que efectivamente se esté avanzando.

El presupuesto: el financiamiento de ese programa debe ser obligatorio; si como sociedad no podemos financiar un programa para resolver la situación en 50 años, estamos en serios problemas. Lo importante de que sea obligatorio para el gobierno de la ciudad es su financiamiento.

Respecto al tema de la resiliencia, tenemos acueductos en la ciudad que fallaron en 1985 o en 2017, que seguramente fallarán cuando vuelva a temblar y que deberían reemplazarse. Existe infraestructura que está en zonas muy vulnerables y cuyo estado empeora a medida que pasa el tiempo, pero para eso no hay dinero.

La propuesta es que se tenga un plan, que ese plan lo elabore el Sacmex pero que lo sancione un consejo técnico asesor en el que participen especialistas y la academia, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Mexicana de Hidráulica, que lo corrijan y finalmente se apruebe. Un plan que tenga indicadores para evaluar cómo vamos y verificar que efectivamente se esté avanzando.

Es una realidad que para funcionarios políticos no es conveniente invertir en obras que están enterradas y no son vistas por la gente, como sí ve una línea de metro, un puente, un parque o un centro deportivo.

Tenemos vulnerabilidad porque hay amplias zonas de la ciudad que dependen del agua del Cutzamala, y si éste –como pasó en 2009 o 2010– tiene un recorte en el suministro de 3 mil o 4 mil litros por segundo, cientos de miles de personas se pueden quedar sin agua; por ello necesitamos hacer infraestructura que permita una mejor distribución.

 

Conclusión

Quiero recalcar que no es un asunto de elaborar planes, no es un asunto de programas: nos hemos cansado de hacerlos. El punto es que se financien. De nada sirve un plan y un programa si no hay recursos para que se puedan cumplir. Queremos planes cuyo financiamiento se garantice.

El primer plan para la ciudad lo hicimos en 2008 y fue para ejecutarlo en 15 años. Ahora ya estamos hablando de 50 años, y es que cada vez nos alejamos más de una solución.

Resumo con una conclusión importante: no tiene ningún valor el mejor plan si no se garantiza su financiamiento.

 

Nota
A principios de febrero tuvo lugar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un panel sobre infraestructura hidráulica en la Ciudad de México. Participaron, Fernando González Cáñez, sherpa de México ante el Panel de Alto Nivel Sobre Agua y Saneamiento de la ONU; Ramón Aguirre Díaz, titular del Sacmex y presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México; Armando Moreno Ruiz, director comercial de Sespec Agencia de Seguros; Juan José Huerta Coria, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, y Eduardo Vázquez Herrera, director del Fondo de Aguas de la Ciudad de México. Este artículo es una síntesis de lo sustantivo de la participación de su autor.