El agua no se puede privatizar

Judith Domínguez Serrano Profesora-investigadora en El Colegio de México (Colmex).


Es necesaria la participación empresarial, pero el Estado siempre mantiene la rectoría y puede cancelar una concesión por incumplimiento o cambio de política.

 

¿Cuál es hoy, desde su punto de vista, el estatus del marco legal del sector hídrico en México?

Los cambios políticos que vimos en la Comisión Nacional del Agua van a repercutir en el marco legal. Los nuevos subdirectores tienen una propuesta de marco jurídico que han trabajado durante años, relacionada con la iniciativa ciudadana presentada en el Congreso de la Unión. Es muy factible que cambie el marco jurídico actual, y que cambie radicalmente.

 

¿Se refiere a los nuevos subdirectores de la Conagua?

Sí. La Dirección General sigue a cargo de la doctora Blanca Jiménez, pero cambia toda la primera línea de su equipo. Es una señal importante en términos políticos.

 

¿Qué significado político le da a esos cambios?

El que siembra, cosecha –dicen–, y esto puede aplicarse al colectivo Agua para Todos, que durante ocho años trabajó en una propuesta. Yo no creo que el marco jurídico que ellos proponen vaya a resolver los problemas, por los planteamientos radicales que considera; sin embargo, con los cambios en la autoridad nacional del agua, la propuesta tiene probabilidades de aprobarse, pues su opinión es relevante. Hay cuatro iniciativas de Ley General de Aguas presentadas por dictaminación. Una de ellas fue impulsada por este colectivo.

 

¿Está diciendo que Agua para Todos logró integrar en altos cargos de la Conagua a gente de su confianza, o que coincide con sus posturas, o que al menos es afín a ellas?

Las subdirecciones son el segundo nivel en la gestión del agua y de quienes depende la implementación de las normas y políticas. En esta época se presentan grandes cambios y esperamos que sean los mejores para una gestión sustentable del agua. Las subdirecciones ahora serán representadas por personas con trayectoria académica y de activismo social que pueden imprimir un nuevo rumbo a la institución. En la Subdirección de Administración del Agua, por ejemplo, la doctora Helena Burns destaca por el trabajo del proyecto de iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas

 

Ella es investigadora y especialista en el tema del agua. Hasta asumir en la Conagua, era coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad Centli de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinadora de más de 50 planes y ordenamientos territoriales y ambientales en todo el país…

Sí, la doctora es una de las principales impulsoras del colectivo Agua para Todos. La designación de los nuevos subdirectores de la Conagua es un hecho político significativo, porque se reunieron los requisitos para tramitar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.

 

Los temas de derecho humano al agua y “privatización” del agua son de los más relevantes respecto a la legislación para el sector. En este segundo caso, tengo la impresión de que no se han puesto de acuerdo en el debate sobre qué se entiende por privatización: una cosa es que se le dé a una empresa privada el control, la responsabilidad y la autoridad para manejar los servicios de agua, y otra es que el Estado tenga la rectoría y contrate a empresas privadas para que hagan determinados servicios.

Quien dice no a la privatización sabe perfectamente que el agua no se puede privatizar, más bien se refieren a los abusos que, por la falta de control, puede llegar a cometer una empresa o un particular cuando se le ha concesionado el servicio público de agua. El Estado siempre va a mantener la rectoría. Como se puede observar con la remunicipalización de los servicios públicos, que tuvo lugar en Barcelona o en París, el Estado está en derecho de cancelar una concesión por incumplimiento de las obligaciones de la empresa o por cambio de política pública.

Una cosa es privatizar y otra cosa es la participación privada en el servicio público del agua.

Así es: es posible la participación privada en la prestación de los servicios, o la participación social, como en Ecuador o Perú, donde se permite la asociación público-social o público-comunitaria, las cuales son opciones en la prestación del servicio público entre las que puede decidir un municipio. Cuando las aguas son declaradas constitucionalmente aguas nacionales, no cabe la privatización.

 

Hay experiencia de organismos operadores que tienen consejos ciudadanos y en general han funcionado bien, en comparación con organismos operadores municipales donde las autoridades duran tres años y, en no pocas ocasiones, ni siquiera un año. Según estadísticas de la ANEAS, el promedio nacional de permanencia de titulares de organismos operadores es de un año con ocho meses. ¿No debería estar condicionado que quien sea designado en el cargo sea un profesional calificado, y garantizarse que la permanencia en el cargo sea con base en resultados?

Así debería ser. También, reglamentarse la aplicación de tarifas justas para el usuario y para asegurar los recursos necesarios para dar un servicio de calidad. Adicionalmente es muy importante garantizar la conformación de consejos ciudadanos de control, monitoreo y supervisión de la prestación de los servicios públicos.

La ley debe exigir la profesionalización en los organismos operadores, sin entrar en mayor detalle pues ello es responsabilidad de la autoridad competente, en cada caso, municipal o estatal.

El otro tema crítico es el derecho humano al agua. Contar con el agua necesaria para los alimentos, para beber, para bañarse en un tiempo razonable, debe considerarse un derecho humano, pero llenar una alberca con 10 mil litros de agua, o una tina de hidromasaje con 200 litros, no lo parece; por otro lado, algunos consideran que el servicio debería ser gratuito porque el agua está en la naturaleza, pero la infraestructura para que llegue en condiciones de uso en cada domicilio no es gratis. Éste es otro punto de debate.

Es sorprendente que después de ocho años de debate sobre una nueva ley para el sector hídrico se piense que el derecho humano implica gratuidad.

Los documentos internacionales de los cuales deriva señalan que el derecho humano al agua no implica gratuidad; obviamente, para grupos en situación de vulnerabilidad quizá sí, lo cual puede compensarse con tarifas elevadas para grupos de nivel socioeconómico alto, o para quienes consumen grandes cantidades de agua o la desperdician, tanto en el uso doméstico como en el industrial o comercial. Creo que es importante que siempre el servicio de agua esté garantizado, aplicando criterios diferenciados y solidarios para los sectores en condiciones de pobreza.

 

¿Cuál es, desde su perspectiva, la problemática de las concesiones, que generan tanta polémica?

Es central en la ley. Hay que poner orden en la forma en que se entregan. La autoridad pública, debe reconocerse, históricamente se ha autolimitado porque sabe que es un tema en el cual se juegan muchos y poderosos intereses económicos y políticos.

Buena parte de la ingobernabilidad del sector está relacionada con el desconocimiento de cuántas concesiones legales e ilegales hay, porque el registro público de aguas no es fiable. En el último año el gobierno ha hecho muchos esfuerzos por actualizar, por ordenar la información, pero es un mundo. El registro es central, pues ahí están todas las concesiones; ahora es público –aunque siempre había sido público formalmente, y acceder a él era imposible–: uno mismo puede descargarlo de la web.

 

¿Qué propuesta tiene usted para el tema de las concesiones?

Hay que revisarlas, pero con plazos, no es de la noche a la mañana ni en un año, ni en dos; en un año vamos por lo más urgente. Me parece que el sistema actual, por mucho que algunos lo defiendan, no es el más adecuado, porque existen contradicciones en el mismo procedimiento: pareciera que el concesionario tiene derechos adquiridos, pero eso va contra la ley; el concepto de concesión precisamente es que nunca se van a generar derechos reales, porque el Estado sólo permite usar el agua en concesión por un tiempo determinado bajo ciertas condiciones, y si no se cumplen, la retira. El Estado nunca lo hizo, ése es el problema; la Conagua, conociendo de muchas ilegalidades, nunca lo hizo.

 

¿Eso por una limitación legal, administrativa, política, económica o una combinación de varias?

Es combinación de varias. La legal es muy clara y la ley no se ha aplicado.

 

Me dijo que llevan ocho años discutiendo y no se termina por llegar a una conclusión. ¿No existen experiencias internacionales que deban considerarse? Sabiendo que deben atenderse las particularidades de cada país, ¿no hay casos en el mundo que podrían aplicarse en México?

Se requiere un nuevo planteamiento para la gestión del agua. A mí me gusta el de la Unión Europea, y la primera crítica que podrían hacerme es que se trata de países desarrollados, pero no es así; en Europa hay países con diversos niveles de desarrollo, algunos que no difieren demasiado del de México, especialmente en términos del marco jurídico, donde los hay con mayores deficiencias.

El planteamiento conceptual de una nueva gestión es proteger la calidad del agua que requiere cada ecosistema, porque no todos son iguales: ése es el corazón de la directiva marco de aguas en Europa.

 

Hace 15 días se generó una versión de proyecto de ley. ¿Ha sido consensuada con los proponentes de los proyectos de ley, con sectores como el energético, el industrial, el turístico, el de uso urbano del agua, con los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y municipales, y –obviamente– la Conagua?

No me consta. De hecho, al hacer una primera lectura del borrador consensuado, comprobé que no se consideran elementos de una de ellas: la iniciativa ciudadana que promovió la organización Agua para Todos. Durante dos años, la Cámara de Diputados ha realizado foros en todo el país, pero con muy poca asistencia; no estaban todos los sectores que usted acaba de mencionar, era una invitación a la ciudadanía en general.

 

Interesa su opinión respecto al papel que desempeñan los organismos operadores hoy, y el que tendrían al menos de acuerdo con la iniciativa que se ha presentado como consensuada; finalmente, ¿cuál es su opinión del que debería ser el papel de los organismos operadores?

Me consta, por foros que he compartido con ellos, que los responsables de los organismos operadores están preocupados. Revisando las diversas iniciativas de ley, organizaron varios foros en los que me invitaron a participar. Un tema crucial es la imperiosa necesidad de recursos económicos para poder operar los servicios relacionados con el agua y el saneamiento.

¿Quién va a dar la cara ante los ciudadanos cuando reclamen por la calidad de los servicios y al aprobarse la ley planteen el derecho humano al agua? Los organismos operadores son la primera ventanilla.

Un aspecto relevante es el del presupuesto. En 2016 hubo un recorte dramático del 70% del aporte federal al sector hídrico; desde entonces, cada año se dieron sucesivos recortes. Hasta el presupuesto de 2021 se han acumulado recortes del presupuesto federal por un 87%, lo cual tiene un impacto muy fuerte en el sector. Organismos internacionales, como la OCDE, recomiendan 0.3% del PIB. ¿Qué opina respecto de cómo debería manejarse esta cuestión?

Efectivamente, los recortes son drásticos y ponen en riesgo la entrega en tiempo y forma de servicios tan básicos, imprescindibles, como los del agua.

En el proyecto de ley consensuado de hace 15 días –que no creo sea el definitivo, menos después de los cambios radicales de subdirectores en la Conagua que hemos comentado– se menciona la creación del fondo nacional para el derecho humano al agua; se trata de un asunto en el que la incumbencia de las secretarías de Hacienda y Economía es relevante, pero no tengo conocimiento de que hayan participado en los foros o en la elaboración de esta propuesta.

Creo que, a final de cuentas, de aprobarse y de crearse este fondo, habrá dinero, pero en el marco de las condiciones de austeridad que impone el gobierno federal no será cuantioso, y los organismos operadores tendrán que realizar un esfuerzo inimaginable para hacer funcionar la infraestructura y cumplir con un nivel de servicios apropiado.

Otro aspecto que plantea la ANEAS es la necesidad de separar la cuestión de los servicios de agua y saneamiento respecto de las políticas electorales, que llevan a que muchos funcionarios, con el fin de obtener votos, quieran dar el agua gratis, o quieran cobrar tarifas que no cubren ni los costos de operación. ¿Qué opina respecto a eso?

Es una decisión necesaria y hace falta voluntad para hacerla realidad. Un primer paso podría ser garantizar que haya consejos de administración en los organismos operadores; obviamente, en un municipio pequeño que tiene una junta municipal quizá no sea conveniente, pero en los grandes y en las ciudades medias, sí. En todos debe exigirse la certificación profesional del personal, plantearse que se incorpore la participación social en la administración junto a técnicos y el municipio, y se discuta el tema de tarifas, puesto que en la mayor parte de las ciudades del país no se utiliza una estructura tarifaria. También debe crearse conciencia en la sociedad de la importancia que tiene una tarifa razonable para recibir un servicio de calidad y en cantidad apropiada.

Algunos responsables de organismos operadores explican a los consejeros ciudadanos con mucho detalle lo que cuesta la operación de los servicios para que asuman la necesidad de tarifas razonables. Pero esto debe trascender hacia la ciudadanía, de tal forma que se pague el recibo de agua. Por supuesto, deben existir subsidios o tarifas sociales para las personas en situación de vulnerabilidad.

 

¿Cómo deberían estar considerados los organismos operadores en la nueva Ley General de Aguas?

Hay poca integración de los intereses y necesidades de los organismos operadores en la propuesta consensuada de nueva ley, incluso en cada una de las otras cuatro propuestas presentadas.

A los foros asistieron representantes de organismos operadores, pues saben que son los principales responsables de garantizar el acceso al agua. Llevaron propuestas con base en la experiencia. Una de ellas, importantísima, es la regulación de los servicios públicos. Para los responsables de los organismos operadores es una propuesta clara y urgente, y así lo planteó también el relator especial de Naciones Unidas en su visita a México para hablar sobre el derecho humano al agua: es necesario un marco de regulación y un ente regulador, tanto nacional como estatal, de los servicios públicos. Sin embargo, no figura en el documento de propuesta de ley consensuado y creo que en ninguno de los otros cuatro. En el documento son pocas las propuestas de los organismos operadores.

 

¿Algo que no le haya preguntado y desee agregar?

Quisiera volver sobre los cambios en la Conagua, que serán determinantes de un nuevo enfoque, una nueva política. Habrá que esperar cómo se establece una relación con los grupos de interés público, empresarial y ciudadano

 

 

Entrevista de Daniel N. Moser