Pedimos asociación, no subcontratación

cambio.gob.mx

Eduardo Ramírez Leal. Presidente de la CMIC.


En obras públicas, actualmente sólo el 3% del monto de contrato se ha asignado a adjudicaciones directas. A través de nuestro Observatorio sabemos que de los 137 mil millones de pesos contratados hasta diciembre, que es el 35% de lo que estaba en el PEF, solamente el 3% fueron adjudicaciones directas, pero nosotros queremos que no haya adjudicación directa, que todo sea a través de licitaciones públicas nacionales o invitaciones restringidas cuando sean obras no tan grandes, para que las mipyme regionales puedan participar.

En cualquier país, pero en México especialmente, la industria de la construcción es importantísima, y está atrapando la atención pública por la caída que ha sufrido nuevamente, la peor caída en los últimos 18 años: 6.9% en 2019.

Cada seis años la industria de la construcción sufre una serie de complicaciones, no solamente por los recursos públicos que el gobierno ejerce a través de la construcción de infraestructura, sino también porque se propicia la oportunidad de muchas inversiones privadas. Como resultado de las campañas políticas, se publicita una serie de proyectos sin que haya habido tiempo para desarrollar los proyectos ejecutivos, buscar su viabilidad ambiental, social, financiera. En lugar de tener una planeación de largo plazo y contar con proyectos que estratégicamente brinden la oportunidad de ser más competitivos, cada seis años pareciera que nos reinventamos, que iniciamos como país.

Con intentar hacer las cosas más rápido de lo previsto no se logran los objetivos que queremos en México: un mejor país en materia de infraestructura que nos dé oportunidad de generar empleo, de dinamizar la cadena productiva donde se encuentran todos los fabricantes de insumos para la construcción. Cuando la industria de la construcción está bien, la economía está bien, en México y en el mundo; somos un termómetro de la economía.

En competitividad de infraestructura perdimos cinco lugares, al pasar del sitio 49 al 54, según el informe del Foro Económico Mundial, y esto es grave, porque no estamos preparados, no tenemos una planeación de largo plazo. Siempre que arranca un nuevo gobierno se quieren cumplir sus compromisos, y no necesariamente los proyectos que se comprometieron a ejercer.

Esta caída tan fuerte del 2019 la estuvimos analizando mes a mes a través del Observatorio de la Industria de la Construcción y de nuestro Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), desde donde le damos seguimiento a la situación para hacer nuestras aportaciones. La primera aportación es: sí necesitamos planear en materia de infraestructura, y sí necesitamos hacer modificaciones a la Ley de Obra Pública para hacerla más transparente, con oportunidad de participación para todos los industriales mexicanos.

El actual gobierno federal arranca con una estrategia que compartimos la mayor parte de los mexicanos: combatir actos fuera de la ley, actos de corrupción, que en nuestra industria siempre se habían señalado y no había una línea para denunciar anónimamente. Entonces, por no utilizar los medios legales y acudir ante el Ministerio Público por temor a represalias, muchos industriales se callaban.

Seguramente se detectaron procesos que estaban ocasionando malos manejos y hubo desarrollos que se detuvieron. La SCT es la dependencia que ejerce mayormente los recursos públicos: más de 4 mil licitaciones y contratos en todo el país, muchos de mantenimiento, y hay otras oficinas que manejan los permisos relacionados con procesos para que la iniciativa privada invierta en desarrollos –edificios, centros comerciales, etcétera–. Todos estamos de acuerdo en que esto tenía que cambiar, pero que no se detenga la actividad. En la Ciudad de México se pararon proyectos porque algunos desarrollos habían arrancado en lugares no permitidos, u ocasionaban una serie de conflictos ambientales, ecológicos. Esto sucedió no sólo en la Ciudad de México; también en los estados y municipios donde hubo elección de gobernador o presidentes municipales, pues empezaron a revisarse los procedimientos para otorgar permisos.

Pero más allá de ello, hubo un acontecimiento que generó intranquilidad a inversionistas y constructores: la cancelación de un proyecto tan importante como el del aeropuerto. Todos los involucrados en esta industria –ingenieros, arquitectos, constructores, nuestras cámaras– estábamos de acuerdo en que debía continuar, que se tenían todos los aspectos técnicos habilitados, pero bueno, esto ya pasó, aunque genera incertidumbre.

En el tema privado, también se detuvieron un poco los procesos. En los primeros meses del año no hay aparentemente intención del gobierno para que sigan las asociaciones público-privadas. Apenas al cerrar el año se arribó al acuerdo para que la iniciativa privada invierta en infraestructura a través de concesiones como primera etapa en lo que tiene que ver con infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, de telecomunicaciones, agua y saneamiento, turismo. Habrá otros temas pendientes que se van a discutir en estos primeros meses, pero con esto se da un aliento respecto a que en 2020 pueda haber más participación privada. Con todo el rezago que tenemos en materia de infraestructura, el gobierno no va a poder con recursos públicos atender esta necesidad.

La Secretaría de Hacienda informó que se va a liberar la cartera en materia de inversiones públicas y eso es alentador, porque hay mucho por hacer, como mantener la infraestructura carretera e hidráulica, hospitales, escuelas, desarrollos, almacenamiento de hidrocarburos, las mismas refinerías; todo esto lo hacemos los constructores mexicanos. Principalmente en los últimos sexenios, por desgracia vinieron a ejercer recursos públicos empresas o constructoras de otros países, y terminábamos subcontratadas las empresas mexicanas. Hemos pedido hoy que todos los contratos de obra pública los ejerzan las empresas mexicanas a través de licitaciones públicas.

En obras públicas, actualmente sólo el 3% del monto de contrato se ha asignado a adjudicaciones directas. A través de nuestro Observatorio sabemos que de 137 mil millones de pesos contratados hasta diciembre, que es el 35% de lo que estaba en el PEF, solamente el 3% fueron adjudicaciones directas, pero nosotros queremos que no haya adjudicación directa, que todo sea a través de licitaciones públicas nacionales o invitaciones restringidas cuando sean obras no tan grandes, para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) regionales puedan participar.

En el tema de la inversión privada pugnamos por que sea una política pública el permitir que en las concesiones vayan asociadas mipyme de las distintas regiones de nuestro país que no se han desarrollado en los últimos sexenios, porque no ha habido una política pública adecuada y no se genera una derrama económica oportuna ni suficiente, ni de desarrollo para la cadena productiva, tampoco de la industria de la construcción.

Entonces, hoy pedimos que sea a través de asociación y no de subcontratación, y que el gobierno no se convierta en constructor. Hoy sabemos que en 2020 se van a invertir 5 mil millones en 1,350 sucursales del Banco del Bienestar; serán obras pequeñas que bien podrían realizar empresas micro o pequeñas ubicadas en las zonas, dirigidas por ingenieros y arquitectos mexicanos y en las que participen trabajadores de esas regiones. Esto coincide con lo que el presidente ha mencionado, que la derrama de los recursos no se concentre en pocos. Son muchos temas, pero lo que queremos es que se desarrolle nuestra industria, y nuestra industria está apoyada en un 96% en mipyme.

Acerca del ejército como constructor, estamos muy preocupados porque este gobierno no nos está considerando como sus aliados. Los constructores mexicanos hemos erigido nuestro país, mayormente obras exitosas, aunque habrá sus excepciones, y nosotros pedimos que si el gobierno tiene datos de alguna constructora que haya hecho algo fuera de la ley, que se le castigue, pero no por eso se prive a los industriales de la construcción de la oportunidad de participar.

Los constructores mexicanos hemos erigido nuestro país, mayormente obras exitosas, aunque habrá sus excepciones, y nosotros pedimos que si el gobierno tiene datos de alguna constructora que haya hecho algo fuera de la ley, que se le castigue, pero no por eso se prive a los industriales de la construcción de la oportunidad de participar.

Hemos revisado lo que en otros años ha sucedido en estados y municipios, donde el ejército se convierte en constructor, y no ha habido mucha transparencia que digamos, ha habido omisiones, y no necesariamente se consiguen ahorros. Ahora: los recursos que se requieren para invertir provienen de los impuestos, y ésos los generan personas y empresas, entonces ¿cómo estamos cortando esto que yo llamo el circulo virtuoso de que las empresas participen en el ejercicio de esos recursos formalmente? Las empresas a las que representamos son las que pagan impuestos, las que dan seguridad social a sus trabajadores; que sean las que se desarrollen y regresen ese recurso para después invertirse otra vez en lo que necesitamos en el país. No estamos en contra de que los gobiernos tengan algunos proyectos importantes, emblemáticos, pero esto tiene que coincidir con una planeación para ser más competitivos y productivos, y para desarrollar al empresariado mexicano, que en la industria de la construcción ha sido muy golpeado en los últimos sexenios, por mil razones, entre otras la corrupción.

En el tema de la inversión privada pugnamos por que sea una política pública el permitir que en las concesiones vayan asociadas mipyme de las distintas regiones de nuestro país que no se han desarrollado en los últimos sexenios, porque no ha habido una política pública adecuada y no se genera una derrama económica oportuna ni suficiente, ni de desarrollo para la cadena productiva, tampoco de la industria de la construcción.

Con respecto a eso, si una empresa va a ejecutar una obra, y el que lo hace firmar le pide una dádiva, eso es extorsión, no es que el empresario quiera pagar. Eso es lo que sucedía. Nosotros estamos en la línea de este nuevo gobierno, de todos los días hablar de este tema, por eso es que hemos estado en reuniones constantes con la Secretaría de la Función Pública y tenemos ya un link para hacer denuncias anónimas, pues ese era el grave problema que teníamos: ningún empresario que participara en una licitación pública quería denunciar si le estaban pidiendo algo, por miedo a represalias. Ahora se da esta oportunidad que no teníamos. En otros periodos gubernamentales se ubicaba a la industria de la construcción como una vinculada a actos fuera de la ley, pero nosotros somos los que ejecutamos las obras, tenemos las obligaciones y responsabilidades de calidad, las responsabilidades fiscales, de temas de seguridad social y quedamos golpeados, y por eso principalmente las mipyme no tuvieron oportunidad de crecer, pues eran muy extorsionadas.

Elaborado por Helios Comunicación con base en una entrevista hecha por Carmen Aristegui a Eduardo Ramírez Leal y en información proporcionada por la CMIC.