Retos de la nueva LAN. Problemática del agua y la inversión pública

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Manuel Becerra Lizardi Vicepresidente de Infraestructura Hidráulica, CMIC.


Atender los retos de nuestro país en materia de gestión del agua desde el punto de vista legislativo es, como el cuidado del propio recurso, urgente y prioritario. El siguiente es el texto de la presentación que la CMIC, a través de su Vicepresidencia de Infraestructura Hidráulica, ha hecho en los foros “Hacia la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales” de la Cámara de Diputados.

Junto con otras organizaciones formales de la sociedad organizada, en la CMIC tenemos gran interés en los distintos aspectos de la infraestructura, la cual genera más de 6.2 millones de empleos directos y 2.8 millones indirectos; es la quinta industria que más empleos genera, que impactan en 176 de las 262 ramas productivas (45%), es decir, de cada 100 pesos invertidos en la construcción, 45 pesos se destinan a la compra de bienes, servicos y materiales de su cadena productiva, al tiempo que esta industria representa el 8% del PIB nacional. En una frase, ¡de la industria de la construcción viven más de 25 millones de mexicanos!

La preocupación en el caso específico de la infraestructura hidráulica se debe a que en todo el planeta el agua es considerada una prioridad, al igual que el medio ambiente, el crecimiento poblacional y el combate a la pobreza, al terrorismo y a las enfermedades. El agua se ubica entre los 10 principales problemas del mundo actual.

En México, por estar en una de las zonas con más alto estrés hídrico del mundo, debería contemplarse entre los seis principales problemas, junto con la inseguridad, la pobreza, la corrupción, la deficienteeducación y el narcotráfico (algunos de éstos son incluso consecuencia de otros). Sin embargo, en la práctica las inversiones para este tan importante sector en los últimos años no reflejan tal prioridad, a pesar de que en la teoría y el discurso el agua es un tema de seguridad nacional y prioritario.

Muestra de ello es que se encuentra fuera de los programas prioritarios del gobierno federal y no figura entre los temas principales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, siendo que el acceso, disposición y saneamiento de agua es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Ese es el primer reto: ¿cómo dar cumplimiento a ese precepto constitucional si no hay los recursos para hacer las inversiones necesarias?

Las inversiones en el sector alcanzaron un pico de poco más de 40 mil millones de pesos en 2014 y 2015; posteriormente, han ido disminuyendo. Para 2020, la inversión que pretende el Ejecutivo federal es de apenas un poco más de 20 mil millones, monto insuficiente para las necesidades actuales del país, pues no sólo se destina a la construcción de nueva infraestructura como obras para agua potable, alcantarillado y saneamiento –que tanto se requieren a todo lo largo y ancho del territorio–, sino también para reposiciones y rehabilitaciones de la infraestructura existente, la cual ha concluido su vida útil o requiere, también en el plano nacional, ampliaciones o modernizaciones para mejorar los servicios.

México presenta dos extremos que ameritan infraestructura y, por lo tanto, recursos: sequías en una gran parte de su territorio y excesos de agua en otras zonas. Las sequías son más costosas que la abundancia de agua, aunque se pone más atención a las inundaciones por ser mediáticamente más llamativas e impactantes.

Tanto la CMIC como varios especialistas del sector consideramos que se requieren entre 70 mil y 80 mil millones de pesos anuales durante los próximos 10 a 12 años para poner a México al día en infraestructura hidráulica. De ahí la importancia de que el gobierno trabaje en conjunto con el sector privado para poder lograr metas y tener los recursos necesarios; sin embargo, se necesita que el gobierno proporcione la certidumbre y las garantías necesarias para tener credibilidad y motivar la inversión privada en infraestructura.

Por fortuna, recientemente ha habido apertura en el gobierno para la participacion privada en 12 proyectos para el periodo 2020-2022 por 46,500 millones de pesos: 15,998 millones para 2020 y 30,502 para 2021 y 2022; confiamos en que estos proyectos e inversiones se desarrollarán en su totalidad y sin problema.

Es importante aclarar que la participación privada no es sinónimo de privatización del agua. El tema se ha distorsionado y malinterpretado, en algunos casos incluso de mala fe, pero si no se trabaja con la sinergia adecuada, no se podrán alcanzar las metas necesarias para que todos los mexicanos tengan acceso al agua potable.

El sector privado, a través de los constructores formales, ha construido la mayor parte de la infraestructura que existe en nuestro país.  La participación privada es indispensable para lograr cubrir las necesidades de la población, además de ser generadora de empleos directos e indirectos.

La ingeniería mexicana, y específicamente la hidráulica, es de gran calidad y es reconocida no sólo nacional sino también internacionalmente por el trabajo que ha hecho desde siempre.

El sector hidráulico en México actualmente está en crisis; podría decirse que está enfermo y requiere especialistas, no un médico general o solucionadores improvisados. Ahí están los ingenieros y técnicos mexicanos, disponibles y dispuestos, con las herramientas y conocimientos necesarios para aliviar la enfermedad.

Como se mencionó, un reto importante para este gobierno en el tema del agua es el cumplimiento del artículo 4° constitucional: el derecho humano al agua, lo cual no podrá darse si no se incrementan las inversiones y no se considera éste como tema prioritario para el cumplimiento de diversos programas sociales, puesto que de la falta de inversión en infraestructura hídrica se derivan afectaciones en otros derechos, como el derecho a la salud. Gran parte de los problemas de salud son originados por la falta de servicios adecuados de suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, que ocasiona contaminación y enfermedades.

Invertir en infraestructura hidráulica es invertir en salud

Según la Organización Mundial de la Salud, por cada dólar invertido en agua se puede tener un retorno de entre cinco y siete dólares en salud, lo que genera un ahorro para el gobierno, aunado a que las personas sanas son más productivas, faltan menos al trabajo y generan menor gasto en servicios de salud proporcionados por el Estado.

Ahora bien, no es sólo dinero lo que se requiere con el fin de mejorar los servicios básicos para las poblaciones, el campo, la industria y hasta para el medio ambiente; se demanda asimismo un cambio en el modelo de gestión, que ya se ha comprobado que está obsoleto y agotado. Las pruebas son que más del 75% de los mexicanos consideran que el “agua potable” no se puede beber; las pérdidas de agua en los sistemas son del orden de 50%; aproximadamente sólo 70% de los usuarios pagan su recibo de agua de manera puntual, y los sistemas de agua del país cada vez reciben menos apoyos federales, pero al mismo tiempo debe darse el cumplimiento de normas federales.

Menos del 10% de los sistemas de agua en el país tienen tarifas que reflejan sus costos y especialistas a cargo de los servicios. Más del 90% son dirigidos permanentemente con base en políticas y por personas elegidas de forma improvisada. Este es otro reto para la Ley de Aguas Nacionales (LAN): la despolitización de las instituciones.

Hasta para gastar el dinero, si lo hay y aunque sea poco, se requiere conocimiento y capacidad; de lo contrario se puede caer en subejercicios, como frecuentemente se ha visto.

El sector privado, a través de los constructores formales, ha construido la mayor parte de la infraestructura que existe en nuestro país.  La participación privada es indispensable para lograr cubrir las necesidades de la población, además de ser generadora de empleos directos e indirectos.

Debe considerarse además la participación de la sociedad, su concienciación, que los proyectos se socialicen, que los actores que intervienen en las distintas etapas de la ejecución de los proyectos verifiquen su transparencia y pulcritud, y que simplemente se cumpla con la normatividad aplicable a cada materia.

Asimismo, es primordial que se utilicen las tecnologías actuales ya disponibles y accesibles para mejorar las eficiencias de los sistemas de agua, considerando el concepto de economía circular con el fomento del reúso de las aguas. Esto se traducirá en beneficios económicos y ambientales.

Es necesaria la modernización y tecnificación del campo, donde se utiliza más del 75% del agua, para elevar sus eficiencias, liberar volúmenes para las poblaciones y otros usos, e incluso para reducir costos.

Hacer accesible y transparente la información resolvería muchos conflictos y disputas actuales por el recurso. Además, con la correcta planificación y socialización se lograría evitar y superar conflictos en temas de agua, que cada vez son más; ejemplos son los de Jalisco-Guanajuato (con El Zapotillo), Tamaulipas-Nuevo León, Mexicali-Tijuana, Obregón-Hermosillo, etcétera. Cada vez hay más conflictos por el agua.

También urge en México un órgano o institución regulador del agua. ¡Es increíble, pero no lo tenemos!

Se considera necesario realizar las modificaciones a la LAN y su reglamentos para contar con un marco normativo moderno, de vanguardia, que considere los nuevos conceptos mundiales como la gobernanza, el aseguramiento de los recursos necesarios para el sector, buenas prácticas en el manejo de las aguas, tarifas que reflejen costos, resiliencia de los sistemas, seguridad hídrica, economía circular, despolitización en las instituciones del sector, inclusión de todos, y obviamente el derecho humano al agua y la muy necesaria participación privada.

Conclusión

Los gobiernos que no vean la prioridad que debe tener el agua no podrán tener una buena gestión.

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados puede contar con la CMIC, que junto con académicos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, ambientalistas, agricultores, ecologistas, financieros, miembros de la sociedad organizada (cámaras, colegios, organizaciones no gubernamentales) y población en general está participando y aportando sus mejores esfuerzos mediante los foros para lograr una LAN adecuada y efectiva que responda a todas las necesidades de la sociedad.

Todos requerimos una infraestructura hidráulica suficiente y efectiva, y para ello, una ley que esté a la altura.